Desastre en Tartagal.

Decir que lo que sucede en Tartagal es un desastre natural es cuanto menos un argumento insuficiente para intentar explicar lo el desastre sucedido en la provincia argentina de Salta. Resulta preocupante como los medios de comunicación tradicionales, sobre todo la televisón tienen serias dificultades para informar a la sociedad de modo veraz y comprometido con la realidad.

Los mismos que sustentan el aparato ideológico y propagandista del pensamiento único, ejerciendo el control de los medios de comunicación se encargan de ocultar o tergiversar la realidad culpabilizando a la naturaleza de la catástrofe, siendo que ésta no es más que la víctima de una sistemática devastación ecológica a la que ha sido sometida la región en los últimos 15 años.

Los verdaderos responsables del genocidio natural y social siguen ocultos, absueltos y hasta protegidos por el poder político y su medio de influencia.

A lo largo de un trayecto de más de 100 Km, puede constatarse como la irracionalidad de la agricultura extensiva, estimulada por las transnacionales de granos, fertilizantes y agroquímicos, altamente contaminantes y prohibidos por la legislación agraria del primer mundo, utilizados sin planificación y sin ningún tipo de control por parte del Estado, han devastado sistemáticamente las yungas y el pedemonte salteño erosionando los suelos.

Intereses ajenos a los pequeños productores, los campesinos o las comunidades aborígenes han devastado completamente la zona transformándola en un desierto verde llevo de monocultivos, y en otros lugares asemejándose a una tundra amarillenta. La fauna también ha sucumbido ante el avance de las topadoras y muchas especies como: corzuelas, acutis, chanchos del monte, tapires, zorros, mulitas, vizcachas, pumas que poblaban el lugar han desaparecido o se encuentran en serio proceso de extinción, en consonancia con la destrucción de su hábitat natural.

Entonces no es de extrañar que la crecida del ignorado cañandón seco haya arrastrado a su paso el puente carretero, pues dejaron de existir las contenciones naturales que la vegetación ofrecía. Los deslaves y las crecientes se concentraron a lo largo que kilómetros y kilómetros de la ruta 34, sólo contenidas por el terraplén que la funda. Cuando encontró la boca de salida por dicho cañadón, el puente voló en pedazos. Si miramos este panorama trepando por los primeros faldeos del pedemonte de las sierras subandinas que bordean por el poniente la ruta mencionada, la situación es similar. Las extensas propiedades utilizadas para la producción de citrus y el incontrolable saqueo de la explotación maderera, produjeron una destrucción sistemática de la vegetación natural. seguí leyendo
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La responsabilidad del Estado.

Cuando el menemismo privatizó la administración norte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) entre los años 1992 y 1993, la zona fue licitada en 23 lotes y adjudicadas a diferentes consorcios nacionales y multinacionales del rubro. Toda la infraestructura que había construido YPF en el eje conformado por Campamento Vespucio, Mosconi y Campo Durán desapareció siendo entregado al vampirismo de las empresas privatizadas. De este modo las tierras oficiales fueron enajenadas y los pobladores, muchos de ellos antiguos campesinos y pequeños productores ganaderos que desde antaño transitaban libremente por las sendas que comunicaban San Pedrito, Acambuco, Tablillas, Ramos y otras localidades aledañas, fueron expulsados de sus dominios. Los lotes fueron alambrados con púas y sus perímetros custodiados con guardias.

Los pobladores pasaron a ser seres extraños en sus propias tierras. Una vez en posesión de los predios, otra devastación siguió su curso. En el codicioso afán de encontrar petróleo a como de lugar, el primer paso fue apelar al desmonte sin ningún tipo de control o sanción por parte del Estado. En esas tierras de nadie, las privatizadas no escatimaron ningún recurso para lograrlo. Si había que abrir picadas, caminos y contaminar arroyos y ríos, se lo hacía. Si había que cavar grandes zanjones para instalar oleoductos o gasoductos, se hacía. Si había que dejar incontables y peligrosos socavones yermos del preciado mineral -sin señalizaciones ni avisos- también se hacía, total si algún chaqueño (así le dicen al campesino de esa zona) se caía, nadie reclamaría. Por otra parte, en voz baja se sigue comentando que el monte fue sacrificado en parte para construir innumerables e ilegales pistas de aterrizaje útiles para el narcotráfico.

La naturaleza de esta zona no sólo fue agredida, sino asesinada impiadosamente. El daño es irreversible y las consecuencias están a la vista. Esto explica porqué cuando llueve en los cerros orientales, los tartagalenses rezan y las avalanchas son incontrolables. Pero como el proceso es creciente y acumulativo, los daños a la población son cada vez mayores. Es importante acotar que el gobierno provincial fue informado de esta situación, pero la trama de influencias, coimas, fraudes y violaciones sistemáticas al pueblo y a los intereses de la región, con que se manejan estos nuevos encomenderos del petróleo, generaron un silencio cómplice por parte del gobernador Romero.

Aunque algunos especialistas en el tema predijeron la hecatombe natural que se avecinaba sobre la región, jamás fueron escuchados por el gobierno. Como es sabido, al menemista gobernador salteño sólo le interesan las regalías petroleras que produce esta riquísima zona y que generosamente percibe de la nación. El ejecutivo se enriquece sin invertir un peso para paliar las necesidades más elementales de loss legítimos propietarios de estas tierras.

Espero que esta tragedia ayude a los habitantes de la zona a organizarse para
modificar la situación que viven, orientardo su acción en torno a la reflexión
respecto de las verdaderas causas que ocasionaron el desastre.

(Editado por Marcos Bauzá en torno a un mail de Daniel Yepes, oriundo de Tartagal.)]